La Libertad de Prensa y la Censura
En días anteriores se debatía la “ley de comunicación.” Los argumentos se sucedían en los medios bajo la dialéctica de EL ESTADO versus EL MERCADO e incluso en sectores académicos se dejó de lado a la sociedad civil.
Lo que importa realmente son las amenazas a las libertades de información, expresión y de prensa. Se habla de censura, ataques verbales, miedo y amenaza política. Los mass-media olvidan deliberadamente a su propia AUTOCENSURA en un estadio de concentración de los medios, la ausencia de pluralismo, la inexiste diversidad, la repetición de lugares comunes y la construcción de mitos entendidos como realidades y la “verdad absoluta.”
Los argumentos del estatus-quo no han hecho distinción entre periodistas y medios, entendiéndose de este modo a la libertad de expresión como si fuese equivalente de la libertad de prensa. Se olvida el mecanismo perverso de concesión de frecuencias como elemento principal, taxativo y real de la conculcación de nuestros derechos, amén de la responsabilidad ulterior consagrada en el artículo dieciocho de la Constitución Política del Ecuador.
En nuestra opinión se ha escondido y ocultado información, poco se sabe del contraste suficiente de fuentes y los mecanismos investigativos. Poco han hecho los medios por crear y empoderar a la ciudadanía para que esta esté en capacidad de dudar, verificar y distinguir. Todo esto hace que exista un retroceso en la credibilidad de los grandes medios y sus pérdidas de contacto y compromiso con sus audiencias.
Es necesario regular la comunicación. La libertad de expresión no es asunto solo de periodistas y ninguno de los proyectos de ley responden a la lógica planteada. Ni el del gobierno ni el de la oposición. Creemos que ambos entran en el juego político y responden a intereses de distintos grupos.
Las críticas a los diversos proyectos vienen de la mano de la falta de un enfoque sistémico que consagra la propia constitución de la república, un mecanismo regulador que distinga información de opinión, la garantía del acceso a nuevas tecnologías, la reversión y redistribución de frecuencias y la creación de auténticos medios públicos NO ESTATALES.
Lo que importa realmente son las amenazas a las libertades de información, expresión y de prensa. Se habla de censura, ataques verbales, miedo y amenaza política. Los mass-media olvidan deliberadamente a su propia AUTOCENSURA en un estadio de concentración de los medios, la ausencia de pluralismo, la inexiste diversidad, la repetición de lugares comunes y la construcción de mitos entendidos como realidades y la “verdad absoluta.”
Los argumentos del estatus-quo no han hecho distinción entre periodistas y medios, entendiéndose de este modo a la libertad de expresión como si fuese equivalente de la libertad de prensa. Se olvida el mecanismo perverso de concesión de frecuencias como elemento principal, taxativo y real de la conculcación de nuestros derechos, amén de la responsabilidad ulterior consagrada en el artículo dieciocho de la Constitución Política del Ecuador.
En nuestra opinión se ha escondido y ocultado información, poco se sabe del contraste suficiente de fuentes y los mecanismos investigativos. Poco han hecho los medios por crear y empoderar a la ciudadanía para que esta esté en capacidad de dudar, verificar y distinguir. Todo esto hace que exista un retroceso en la credibilidad de los grandes medios y sus pérdidas de contacto y compromiso con sus audiencias.
Es necesario regular la comunicación. La libertad de expresión no es asunto solo de periodistas y ninguno de los proyectos de ley responden a la lógica planteada. Ni el del gobierno ni el de la oposición. Creemos que ambos entran en el juego político y responden a intereses de distintos grupos.
Las críticas a los diversos proyectos vienen de la mano de la falta de un enfoque sistémico que consagra la propia constitución de la república, un mecanismo regulador que distinga información de opinión, la garantía del acceso a nuevas tecnologías, la reversión y redistribución de frecuencias y la creación de auténticos medios públicos NO ESTATALES.
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